2010-03-12 - Visto: 3631 - Descargado: 7

La Junta de Gobierno Local se ha reunido hoy para tratar, entre otros asuntos del orden del día, la aprobación de dos convenios, uno de ellos en el área de Infraestructuras y Transportes, Convenio Marco de Accesibilidad Universal entre el INSERSO, la Fundación ONCE y el Ayuntamiento de Cartagena que supondrá ayudas de 10.000 euros a los taxistas para la adquisición de vehículos adaptados para minusválidos.
 
Este tipo de convenios sobre subvenciones destinadas al Proyecto de Accesibilidad en el Transporte por Autotaxis no es la primera vez que se suscribe.
 
Por otro lado, y en el área de Atención Social, se ha aprobado un convenio entre la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Política Social, y el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales, para el desarrollo del Programa de Apoyo a Familias en Situación Especial, con especial atención a familias con hijos en situación de riesgo, al que se destinarán este año unos 64.000 euros.
 
El portavoz del equipo de gobierno, Joaquín Segado, ha mostrado su disgusto por el hecho de que las ayudas a este programa, que el pasado año atendió a 175 familias en Cartagena, han ido disminuyendo debido a la reducción de la aportación del Estado, que en 2007 era de 51.000 euros, en 2008 bajó hasta 44.000 euros y ya en 2009 y 2010 ha sido de 0 euros. Esto demuestra la poca sensibilidad del gobierno central hacia temas sociales, ha dicho Segado. A pesar de ello, la Comunidad Autónoma ha doblado su aportación, de 28.000 euros en 2009 a 48.000 euros en 2010, igual que el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo por mantener las ayudas.
 
Según Segado, este es sólo un ejemplo más de cómo el Estado aprieta a los Ayuntamientos, como pasa con el pago obligado del IVA, que va a suponer que el Ayuntamiento tenga que pagar un millón de euros más, que es un millón de euros menos para los cartageneros.
 
A preguntas de los periodistas, el portavoz del equipo de gobierno también ha aludido a otros temas al margen de la junta de gobierno, como son la paralización de las obras en el Monte Sacro a decisión de la propia empresa constructora o las denuncias de ANSE ante la posible urbanización en Cala Reona.
 

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